El ‘caso FP’ que salpica al Ejecutivo de Ayuso cumple dos años de investigación judicial para identificar quién proponía las obras a dedo
La jueza prorrogó en septiembre seis meses más las pesquisas para esclarecer la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa
La investigación del caso FP, que busca esclarecer la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en obras de centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid acometidas entre 2021 y 2023, cumple esta semana dos años desde que se empezó a investigar formalmente en los juzgados. El recordatorio de ese aniversario, que llegó el 8 de octubre, viene recogido en un hito de la instrucción: la prórroga por seis meses más de las pesquisas, decidida en septiembre, según un auto al que accedió EL PAÍS. Es un reflejo más de la complejidad de una causa que salpica al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el supuesto fraccionamiento ficticio de contratos y facturas (a través de contratos menores) para otorgar a dedo una decena de obras que deberían haber salido a concurso público por su millonaria cuantía. Nada hace pensar que el embrollo se aclare rápidamente. Nuevas peticiones de diligencias para esclarecer quién orquestó el presunto plan de obras dadas a dedo, y a cuántos centros afectó, podrían obligar a ampliar la investigación durante al menos un año más, según una fuente jurídica conocedora del caso.
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