El ejecutivo de Ayuso busca ayuda para la batalla legal con 900 afectados por la propiedad de cientos de chalets y pisos en la sierra de Madrid
La Comunidad litiga por el fin de una concesión de suelo de 1920 que dio paso a casas y negocios en Cercedilla y Navacerrada, un pulso que puede acabar en el Constitucional
Hubo un tiempo en el que por esta urbanización de lujo desfilaron apellidos ilustres como los de Botín o Manrique. Hoy uno menos sonoro, García, vincula a la actual ministra de Sanidad, Mónica García, con parte de la propiedad de un chalet en Camorritos, Cercedilla. Pero nadie sabe cuánto tiempo podrán seguir disfrutando ella y el resto de vecinos de las viviendas. La Comunidad de Madrid decidió en septiembre de 2024 que debían abandonarlas, pues su construcción en este monte de utilidad pública fue amparada por una concesión del suelo de 99 años que ya ha terminado. Y eso ha abierto un conflicto político, administrativo y judicial de tal magnitud, que el gobierno regional ha tenido que buscar ayuda externa para afrontarlo: los 900 afectados han registrado ya 329 recursos de reposición, y, por el momento, 43 recursos contenciosos administrativos contra su salida de las viviendas. Una guerra total que ha llevado al Ayuntamiento de Cercedilla a licitar otro contrato de asesoría jurídica de casi tres millones de euros, pues el caso puede acabar en el Supremo y el Constitucional.
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