El empresario del ‘caso FP’ responsabiliza a la administración del fraccionamiento de contratos que salpica al Gobierno de Ayuso
Gabriel Navarro declara como investigado que se reunió con dos asesores de la presidenta para intentar cobrar 1,4 millones que se le adeudaban de una obra
El empresario Gabriel Navarro, investigado en el caso FP, ha responsabilizado este miércoles a la administración madrileña del fraccionamiento ilegal de contratos empleado para otorgar a dedo obras de reforma de centros educativos, y evitar el concurso público. Así lo aseguran a EL PAÍS fuentes jurídicas conocedoras de su declaración en el juzgado número 39 de plaza de Castilla, que investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa. Tanto la Fiscalía como la Intervención autonómica coinciden en que en 2021, 2022 y 2023 se fraccionaron ficticiamente contratos y facturas para así otorgar a dedo ―a través de contratos menores― una docena de obras que por su cuantía y complejidad deberían haber salido a concurso público ―lo que permite la competencia entre empresas, como manda la legislación―. Un sistema empleado con más compañías que la de Navarro (Virelec), según se ha desprendido de su declaración de este miércoles.
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