El Gobierno de Ayuso exhibe su rechazo al registro de objetores al aborto en cada línea de su tramitación obligada por la justicia
El Ejecutivo regional menciona hasta nueve veces el auto judicial que le exige poner en marcha la orden tras su conflicto con el central
La tramitación del registro de objetores al aborto en la Comunidad de Madrid, obligada por un auto judicial ante la oposición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en un escaparate desde el que mostrar el rechazo del Gobierno autonómico del PP a la creación del listado. La administración que dirige el partido conservador ha publicado cuatro textos en su portal de transparencia para que ciudadanos y partidos pueden conocer el proyecto y presentar aportaciones. En esos documentos, caracterizados normalmente por su brevedad, el Gobierno de Ayuso menciona insistentemente, hasta en nueve ocasiones, que da el paso obligado por la justicia. Una decisión que parece inseparable de la intención de explicitar, con las elecciones autonómicas de 2027 ya en el horizonte, que el imperativo legal es el único motor para el proyecto en Madrid. Y las primeras aportaciones que se están registrando muestran que el mensaje, en alguna medida, puede acabar calando.
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