La Fiscalía investiga al Gobierno de Ayuso por fraccionar más de tres millones en contratos menores para obras en ocho centros educativos
EL PAÍS accede a la investigación del ‘caso FP’, que arrancó con una denuncia de la Administración, y afea la “grosera omisión del procedimiento” de contratación en la consejería de Educación cuando la dirigía Enrique Ossorio
La Fiscalía ve “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por la consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para poner en marcha enseñanzas extraordinarias de la rama sanitaria y adaptar centros educativos en 2021, 2022 y 2023: en lugar de convocar concursos públicos para realizar esas obras, garantizando la libre concurrencia, supuestamente se acabaron fragmentando las reformas para ejecutarlas a través de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec). Así consta en documentación a la que accedió EL PAÍS, y que detalla que por esta vía se gastaron más de tres millones en ocho centros, aunque la investigación sigue abierta, y hay sospechas sobre al menos otros cuatro. El caso arrancó con una denuncia de la propia Administración, adelantada por eldiario.es, y afecta a una época en la que Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea, lideraba la cartera de Educación. La jueza que instruye el caso tras una denuncia de Podemos ve “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]” en un modelo de gestión también denunciado por el PSOE y Más Madrid.
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