La nueva ley madrileña de universidades allana la entrada de más campus privados y no exige que investiguen
La norma se entromete en la gerencia de los centros, lo que indigna a los rectores: ”Puede afectar directamente a la autonomía universitaria”
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende allanar el camino para la implantación de más universidades privadas en la región ―ya hay 13, más 24 centros adscritos de centros madrileños y cinco campus que dan títulos extranjeros― a través de un artículo de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, la primera de estas características en la región. EL PAÍS ha accedido a parte de su anteproyecto. “Cualquier universidad española, pública o privada, radicada en otra comunidad autónoma podrá solicitar la adscripción de un centro ubicado en la Comunidad de Madrid en los términos definidos por la normativa nacional y la presente Ley, en cuyo caso se requerirá la autorización del consejero competente”. Ya está procediendo así ―la Universidad Católica de Murcia, propiedad de los kikos (Camino Neocatecumenal), se está estableciendo en Torrejón de Ardoz por esta vía, que evita la votación en el Parlamento regional―, pero la norma le da carta blanca de manera explícita. Su “objeto exclusivo” es “la impartición de enseñanza superior y, en su caso, llevar a cabo actividades de investigación”. Es decir, estos centros adscritos no están obligados a comportarse como una universidad, que está forzada a hacer ciencia.
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