Las auditorías del ‘caso FP’ que salpica al Gobierno de Ayuso detectan irregularidades en las obras de más centros educativos
La jueza amplía la investigación al solicitar el análisis de más institutos tras citar para junio como investigado a un empresario y como testigo a un exalto cargo
La Comunidad de Madrid envió en abril a la jueza que investiga un posible delito de prevaricación administrativa en el caso FP un conjunto de auditorías que explicitan que “se habrían producido irregularidades con posible trascendencia penal” en las obras de cinco centros educativos: los institutos Virgen de la Paloma; Príncipe Felipe, Luis Buñuel y Jorge Guillén y el centro integral de FP a distancia Ignacio Ellacuría. En todos ellos, concluye la administración regional, se hicieron reformas a través de contratos menores que los funcionarios regionales dan por ficticios y que presuntamente permitieron evitar el concurso público y poder seleccionar a dedo a los contratistas. Así consta en documentación a la que ha accedido EL PAÍS, y que ha llevado a la instructora del caso a solicitar que el Gobierno madrileño le envíe el mismo análisis sobre otros siete centros educativos, para un total de 12. De esta manera, el caso coge velocidad: en junio declarará como investigado el empresario presuntamente favorecido y, como testigo, un exalto cargo regional.
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