Los abortos en la sanidad pública de Madrid pasan de dos a 71 al año tras el caso de Marta Vigara, a la que se le negó una interrupción terapéutica
La región protagoniza un notable cambio de tendencia entre 2019 y 2023, con el punto de inflexión de la polémica que movilizó a la ministra de Sanidad o al Defensor del Pueblo
Se llama Marta Vigara, es geriatra, y el relato de cómo el Clínico San Carlos, su hospital, le negó un aborto terapéutico, derivándola a la sanidad privada, no solo provocó una oleada de protestas alimentada con historias similares. Como poco, también coincidió con un cambio en la ejecución de una prestación condicionada por los objetores de conciencia de los hospitales públicos. Vigara, que perdió a su bebé en 2020, contó su caso en septiembre de 2021. Hasta ese momento llegó la Comunidad de Madrid con cuatro interrupciones voluntarias de embarazo practicadas en la sanidad pública en 2019, tres en 2020 y dos en 2021, según datos oficiales. En 2022, primer año completo tras conocerse el caso, fueron 61. Y en 2023, 71. Aunque el Ejecutivo regional no se pronuncia sobre la posibilidad de que haya una relación causa-efecto, el caso provocó un terremoto: Vigara habló con la ministra de Sanidad de entonces, Carolina Darias, o con la consejería regional, y hasta el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, afeó el funcionamiento del sistema madrileño, que ha supuesto un gasto de 23 millones en derivaciones a la privada entre 2019 y 2023, según documentación a la que accedió EL PAÍS.
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