El Gobierno de Ayuso renuncia a cobrar casi 60 millones de euros a las empresas privadas que explotarán residencias en parcelas públicas
El Ejecutivo no aplicará la tasa anual a la que tiene derecho durante los 70 años de concesión con la justificación legal de que ya obliga a los adjudicatarios a ofrecer plazas públicas que no pueden comercializar a precio de mercado
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha renunciado a cobrar los casi 60 millones de euros que potencialmente habría podido ingresar en concepto de tasa a lo largo de los próximos 70 años de las empresas privadas que explotarán siete residencias y centros de día público-privados en parcelas públicas. Así consta en documentación publicada en el portal de contratación, donde la Administración excusa el pago con el argumento de que ya obliga a los concesionarios a ofrecer plazas públicas que no pueden comercializar a precio de mercado, por lo que su capacidad de negocio queda limitada. Esas decenas de millones de euros de los que Madrid prescindirá voluntariamente a lo largo de los 70 años de concesión (ampliables a 75) son meramente la punta del iceberg: la Comunidad espera licitar 33 cesiones de parcelas más para construir otras tantas residencias y centros de día, alcanzando los 40 totales, por lo que el impacto económico de la renuncia no hará más que crecer. Un portavoz gubernamental recalca que renunciar a la tasa está amparado por la ley y la jurisprudencia del Supremo (sin pronunciarse sobre que eso lo haga obligatorio) y añade que el beneficio que obtendrá Madrid por las plazas públicas que se abran será cinco veces superior al montante de los ingresos que no recibirá.
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