Frente de asociaciones vecinales de 15 ciudades españolas para afrontar la crisis de la vivienda
La ‘Declaración de Barcelona’ reclama aplicar la ley, regular el alquiler de temporada y turístico, eliminar las ‘golden visa’ y aumentar las reservas para VPO
Las asociaciones de vecinos de Barcelona, Madrid y hasta una quincena de grandes ciudades españolas (Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca, Málaga, Murcia, Valladolid, Gijón y también Menorca o Galicia) agrupadas en la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) han presentado este lunes en la capital catalana un frente común para afrontar la crisis de la vivienda. Después de unos meses de trabajo que comenzaron con un debate en noviembre, han hecho pública la Declaración de Barcelona, en la reclaman que se aplique la Ley de Vivienda, regular el alquiler de temporada y turístico, eliminar las ‘golden visa’ (que autoriza la residencia a extranjeros que hagan inversiones sustanciales) o aumentar las reservas para vivienda de protección oficial (VPO), entre otras medidas.
El Incasòl construirá 637 pisos en 11 solares aportados por el Ayuntamiento de Barcelona
El Departamento de Territorio de la Generalitat, a través del Incasòl, construirá 637 viviendas en los primeros once solares aportados
por el Ayuntamiento de Barcelona. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Territorio, Ester Capella, han firmado este lunes el convenio de colaboración para la promoción y construcción en los próximos años de un mínimo de 1.700
viviendas de protección oficial y alojamientos de alquiler asequible, situados en solares del municipio de Barcelona.
El Ayuntamiento otorgará a favor del Incasòl la cesión de derechos de superficie o concesiones de uso privativo de estos solares por un plazo de 75 años. El Incasòl, por su parte, invertirá unos 221 millones de euros en la construcción de las viviendas, que se sumarán a los diferentes programas que está llevando a cabo el Govern para incrementar el parque público de alquiler social de Cataluña. El convenio es fruto del ofrecimiento de 27 suelos de titularidad municipal a la Generalitat para que construyera vivienda protegida de alquiler, un ofrecimiento que el alcalde Collboni realizó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la primera reunión entre ambos celebrada el pasado mes de agosto.
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