La oposición a Ayuso denuncia trabas a la fiscalización de los contratos del Gobierno del PP
Tras reformar la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia para que dependan del Ejecutivo, los conservadores quieren reformular las competencias de la comisión de vigilancia de las contrataciones
La aplicación de la ley de transparencia, que obliga a la publicación en un portal específico de los contratos del Gobierno regional, sirve ahora de excusa al PP de Isabel Díaz Ayuso para limitar e intentar reformular las competencias de la comisión parlamentaria de vigilancia de las contrataciones. Tras reformar la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia para que dependan directamente del Ejecutivo, esa estrategia ha provocado la protesta unánime de la oposición, que denuncia lo que, a su juicio, supone un intento de cercenar su derecho a fiscalizar en el Parlamento regional las políticas del Ejecutivo conservador. Más Madrid, PSOE y Vox se intentan coordinar ahora para definir las competencias de la comisión, según documentos a los que ha accedido EL PAÍS, y así elevar a la dirección de la Asamblea una propuesta de trabajo que regatee la intención del PP de reformular el órgano con la excusa de que se ha quedado anticuado al estar mucha de la información ya publicada en el portal de transparencia. Los conservadores, en todo caso, tendrán la última palabra, pues gozan de mayoría absoluta en la Cámara desde las elecciones de mayo de 2023.
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