Madrid indemniza 20 años después a una fundación a la que impidió construir un centro para reeducar a 200 menores infractores
Una sentencia obliga al ejecutivo de Ayuso a compensar una decisión del de Aguirre, que convenió la construcción y uso de la instalación durante un mínimo de 15 años y luego la vetó con una declaración de impacto ambiental negativa
Una sentencia judicial obligó al Gobierno de la Comunidad de Madrid a aprobar en marzo una indemnización de 737.450,71 euros a una fundación con la que había firmado un convenio para construir un centro en el que atender durante al menos 15 años a menores infractores. Ocurre que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tuvo que sacar la chequera cuando la decisión que impidió que llegara a buen puerto este proyecto, valorado en 249.496.405,52 euros, se tomó en tiempos de Esperanza Aguirre. Así, el desencuentro, motivado por una declaración ambiental negativa de la propia Comunidad que impidió la obra, ha tardado casi 20 años en resolverse: el convenio se firmó en 2007, Madrid lo dio por terminado en 2010, y desde entonces se desató un pulso administrativo y judicial que ha acabado con la Comunidad pagando una indemnización y desprovista de un recurso con capacidad para atender a más de 200 niños.
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